Otra de las empresas de transporte del grupo Derudder Hermanos SRL, San José, entró en un proceso judicial de concurso preventivo. En septiembre del año pasado había sucedido lo mismo con la firma Flecha Bus, que desde entonces despidió alrededor de 40 trabajadores. Los argumentos esgrimidos en la presentación realizada en Tribunales por los abogados de la empresa fueron similares en ambos casos: desde “el amesetamiento” y la retracción de la actividad, hasta la quita de subsidios por parte del Gobierno nacional
Flecha Bus solicitó la apertura del concurso preventivo en septiembre de 2018. En el escrito que presentaron oportunamente los abogados de la firma, Ricardo y Mariano Prono, en el Juzgado Civil y Comercial de Colón -cuyo contenido fue dado a conocer en el programa televisivo Cuestión de fondo (Canal 9 Litoral)- se enumeraron razones establecidas por el órgano de administración en una reunión realizada un mes antes.
Tras describir la historia de la empresa fundada en 1958 y reseñar distintas etapas, entre las que se resaltó la expansión producida en los años ’90, que posicionó a Flecha Bus entre las principales firmas dedicadas al transporte de pasajeros a nivel nacional, se indicó que se pasó de una planta de 16 empleados en 1992 a más de 2.000 trabajadores. De ese total, al menos 40 empleados fueron despedidos en los meses siguientes.
Flecha Bus explota actualmente 110 rutas del país en un contexto que los letrados definieron como “crítico”. También señalaron que a partir de 2009 se produjo “un amesetamiento y una significativa retracción de la actividad”.
La contracción de la demanda de servicios, el incremento de la oferta, la evasión de las empresas irregulares y el crecimiento del parque automotor fueron algunas de las razones mencionadas. También las facilidades otorgadas a las empresas de transporte aéreo. Más adelante, se enumeraron el encarecimiento de los costos operativos, el aumento de los impuestos y el alza de los costos laborales.
“La conjunción de los factores expuestos se traduce en niveles de ocupación históricamente bajos con la consecuente pérdida de rentabilidad, con una estructura sobredimensionada, que genera un costo operativo insostenible”, se resumió finalmente en el escrito.
Desde el Juzgado Civil y Comercial de Colón que recibió la presentación se advirtió formalmente al Superior Tribunal de Justicia (STJ) sobre la magnitud del proceso que deberá llevarse a cabo, en razón de que la empresa despliega actividad en todo el país, que brinda un servicio público y que tiene un gran número de empleados.
También se señaló que la compañía es objeto de centenares de ejecuciones fiscales tanto en el fuero provincial como en el federal, algunas por cifras varias veces millonarias, y también de juicios de diversa naturaleza en distintos puntos del país. Ante esta situación, se dispuso una prórroga para la presentación de documentación e informes contables que permitirán determinar la cantidad de acreedores.
Desde Colón se advirtió que por la “altísima complejidad” del proceso que no poseen la estructura técnica necesaria para llevarlo adelante, ni tampoco la edilicia. Desde la jurisdicción se pidió la colaboración del alto cuerpo con mayor dotación de recursos y personal especializado.
